Entre los proyectos que prepara el gobierno electo de Alberto Fernández, uno es el de destinar una parte de los fondos que genera la Central Hidroeléctrica de Salto Grande para paliar los efectos del crecimiento sostenido de la pobreza en la región que rodea a la represa. Allí se destaca la ciudad de Concordia, sindicada por los últimos relevamientos oficiales y privados como una de las más pobres de la Argentina, revela un informe publicado.

El tema ha sido motivo de análisis en el equipo de gobierno que prepara el presidente electo, y sobre todo preocupa al dirigente Daniel Arroyo, principal candidato a ministro de Desarrollo Social en el gobierno que asumirá el 10 de diciembre. La cuestión fue uno de los puntos que ya evaluaron en sus contactos recientes Alberto Fernández y el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet.

La iniciativa prevé que una unidad ejecutora de políticas sociales sustentables, con asiento en Concordia y que esté integrada por Nación, Provincia y el municipio con recursos de Salto Grande podría lograr fondos inmediatos para hacerle frente a las urgencias del momento. “Es un actor económico fundamental en la región y la herramienta para el desarrollo de la provincia, como generador de riqueza para todo el país a través de la hidroelectricidad, pero a ese rol debe sumarse en esta hora el social”.

Chagas insistió en que esta contribución económica no afectaría los excedentes de explotación de la central hidroeléctrica, para la realización de obras de infraestructura, “algo que no ha ocurrido en estos años porque el gobierno de Mauricio Macri incumplió con esas remesas”. Y agregó que esa unidad ejecutora debe aplicar líneas de acción en materia laboral, incentivo a empresas para la toma de empleados, dar trabajo en el área de servicios y en la construcción, entre otros, que absorbe mano de obra.

Los impulsores de la iniciativa consideran que la rebaja de la tarifa eléctrica para la provincia de Entre Ríos también entraría en consideración, cuestión que vienen analizando el gobernador Bordet con los equipos de Alberto Fernández.

La represa de Salto Grande, cuyo funcionamiento y administración comparten la Argentina y Uruguay, cumplió en 2019 sus cuarenta años. Hay quienes creen que, ahora que ambos países eligieron a sus respectivos presidentes, Fernández y Lacalle Pou podrían aprovechar el aniversario para encontrarse y reactivar la relación bilateral que sufrió su peor crisis en la década pasada cuando la construcción de la pastera en Fray Bentos provocó un diferendo al punto de requerir un fallo internacional de la Corte de La Haya.

Fuente: (Análisis)