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“Sueño entrerriano”: rechazaron planteos defensivos y comenzó el control de prueba

Comenzó el control de prueba en la causa sueño entrerriano. La audiencia entró en un nuevo cuarto intermedio desde las 13.30 de este viernes hasta el lunes a las 17.

AudienciaAntes, el juez Ricardo Bonazzola rechazó los planteos defensivos que se hicieron el viernes pasado, y que apuntaron a lograr el sobreseimiento de los imputados. Su resolución motivó las apelaciones de los defensores, quienes reclamaron suspender la audiencia con el fin de ganar tiempo para fundar sus reclamos. Ese nuevo pedido tampoco fue concedido por el juez y por eso interpusieron dos recursos de reposición.

Después de un cuarto intermedio, todo fue rechazado por Bonazzola. Y, finalmente, se comenzó con la etapa de control de prueba.

Los legajos sobre los que trabajan defensores y fiscales son tres:

-El 61.211 que investiga la solicitada en 18 diarios en contra de los fondos buitres, de junio del 2014. La fiscalía le imputa a Sergio Urribarri y Pedro Báez que siendo gobernador y ministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos respectivamente, habrían sustraído de la partida presupuestara DA 984, cuya custodia tenían a cargo, la suma de $4.308.500,23 para difundir la solicitada titulada “Acuerdo de Compromiso para la Reafirmación Democrática Argentina.

El texto fue publicado en los diarios Clarín, La Nación, Ámbito Financiero, El Cronista, Buenos Aires Herald, Tiempo Argentino, El Argentino, Crónica, Página 12, El Litoral de Santa Fe, El Diario de Paraná, Uno de Santa Fe, Entre Ríos y Mendoza, La Capital de Rosario, El Sol de Concordia, El Día de Gualeguaychú y La Calle de Concepción del Uruguay.

Para los acusadores, esa publicación tuvo como único fin promocionar, con fondos públicos, la precandidatura a presidente de Urribarri. Sostienen que la solicitada se tramitó bajo el expediente N° 1603731, y que Báez la justificó “ficticiamente” con el argumento de que era necesaria la difusión de actos de gobierno.

Así, ambos firmaron la orden de publicidad y luego el decreto N° 2940/14 del 5 de septiembre de 2014. En ese sentido, remarcan que esa resolución fue rubricada “a sabiendas del velado propósito de la publicación en cuestión”.

-El 29.885 por la contratación de la empresa Nelly Entretaiment de Jorge “Corcho” Rodríguez para la difusión de spots publicitarios en el marco de la Cumbre del Mercosur. Esa contratación costó 28.400.000 de pesos. En este expediente está imputado  además de Urribarri y Báez, el coordinador de la Unidad Operativa Mercosur, Hugo Céspedes; y al coordinador contable de la Unidad Operativa de la Cumbre Mercosur, Gustavo Tórtul.

La Fiscalía reprocha la contratación de la productora Nelly Entertainment SA para lo que consideran como la difusión de la imagen de Urribarri como precandidato a presidente. En expediente, Rodríguez logró una probation.

-El 58.383 que investiga la instalación de un parador Playero en Mar del Plata, en enero de 2015. La acusación fiscal señala que Urribarri y su entonces ministro de Turismo, Hugo Marsó, sustrajeron 14.561.870 de pesos para la instalación, montaje y puesta en funcionamiento de una estructura que aparentaba promocionar a la provincia como destino turístico pero tenía estampado un rostro de Urribarri. 

En este caso están imputados, además de Urribarri y Marsó; el cuñado del exgobernador, Juan Pablo Aguilera; Gerardo Caruso, titular de la empresa “El juego en que andamos”, que montó el parador, y que a su vez es ex director de Contenidos del Fútbol para Todos; y la contadora Corina Cargnel, de las firmas Tep y Next vinculadas a Juan Pablo Aguilera.

Para los fiscales, Caruso participó de un sistema de retorno de dinero en efectivo hacía el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, por 2.000.000 de pesos, a través de transacciones bancarias a las empresas Tep SRL y Next SRL -que se le vinculan-, y a otras que actuaron como “intermediarias” como Visual Ilusión SA, Megaprint, Wall Street Vía Pública SA y Fredy Publicidad SRL, por 2.468.700 de pesos.

En la imputación se afirma que para concretar la “sustracción”, el entonces ministro de Turismo, Marsó, inició un expediente el 5 de diciembre de 2014 justificándolo con un argumento falso en el que sostuvo que se iba a “promover, difundir e instalar la marca Provincia de Entre Ríos como destino turístico”.

Así, se solicitó el espacio público -la playa- al Municipio del Partido de General Pueyrredón -Mar del Plata-, y se “direccionó” la contratación a la firma “El Juego en que andamos SRL”, de Caruso. Para los fiscales, además, el empresario “contó con información privilegiada que le permitió la presentación de la oferta y hacerse adjudicatario de la misma, para lo cual y en connivencia con los funcionarios públicos nombrados, y también con el Sr. Juan Pablo Aguilera, simuló la intervención en la licitación pública de la firma Castromil S.R.L., cuya propuesta fuera desestimada, pero que sirviera a los fines de acreditar una ficticia concurrencia y competencia de participantes en la licitación referida”.

Control de prueba

Los defensores Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez; Guillermo Vartorelli; Ignacio Díaz, Marcos Rodríguez Allende y Emilio Fouces, acordaron con los fiscales Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano la declaración de cuatro testigos en el primero de los legajos, a los cuales se agregaron dos más pedidos por el defensor de Pedro Báez.

En el segundo de los expedientes, impugnaron documental que se relaciona con testimoniales. Específicamente, apuntaron a un informe pericial elaborado por un bioingeniero del Poder Judicial sobre campo informático. Sostienen los abogados que el título de bioingeniero no tiene alcance sobre el campo de la informática para realizar una pericia, porque el profesional capacitado debería tener el título de Ingeniero en Sistemas. Además, alegaron los defensores que una pericia no puede ser producida por un empleado o funcionarios del Ministerio Público Fiscal o el Poder Judicial, sino que tiene que ser un profesional independiente.

 Defensores.

 Otro de los puntos refutados por los defensores son los informes de las empresas de telefonía. “El Estado no puede entrar en algunas cosas del ámbito privado de los hombres que tiene derecho a la intimidad. El poder del Estado es limitado para esto. No todos los delitos se pueden perseguir y castigar, no todas las conductas desviadas punibles”, manifestó Raúl Barrandeguy. El abogado invocó la investigación del juez Federal Alejo Ramos Padilla sobre la intromisión del operador y falso abogado Marcelo D’Alessio en causas por corrupción. En ese sentido apuntó a las intervenciones telefónicas y aseguró que no tienen autorización de un juez sino de funcionarios jerárquicos del Ministerio Púbico Fiscal.

Emilio Fouces, por su parte, agregó que se autorizaron informes telefónicos “sobre personas que ni siquiera están investigadas en este legajo”. Seguidamente, Guillermo Vartorelli pidió que organismos como la Facultad de Ciencias Económicas y el Colegio de Profesionales de las Ciencias Informáticas de Entre Ríos (Coprocier), auditen los informes producidos en el legajo y que se pida una instrucción suplementaria sobre la pericial informática. También se pidió la impugnación de declaraciones de imputados.

Fuente: (Análisis)







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