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OTRO GOLPE A LA POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS * Por Dr. Daniel Cedro

Parece una broma de mal gusto la propuesta oficial de designar al abogado Carlos Horacio De Casas -quien fuera defensor de represores, como reveló Horacio Verbitsky en “Página/12” el domingo- para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Considero un despropósito que se postule para tal cargo en representación de Argentina, a una persona que no tiene formación ni una trayectoria que lo avale en materia de defensa de los derechos humanos. Sus estudios están dados en la especialización en derecho penal y empresarial, donde la moral y la ética quedan a un costado y pasan a ser apenas una herramienta para defender a militares que pisotearon la democracia y atentaron contra los derechos humanos.

El nombre de De Casas significa un contraste mayúsculo con el de Jorge Taiana, quien fuera Secretario Ejecutivo de la CIDH de 1996 a 2001 y Representante Especial de la misma a partir de 2010, dos historia de vida y trayectorias muy distintas.

En caso de que se efectuara la designación del candidato se estarían violando las exigencias establecidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incumpliendo con el artículo 34, el cual establece que la Comisión debe estar compuesta por “personas de alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos”.

De Casas ha defendido al represor Enrique Blas Gómez Saa, quien fue integrante de la VIII Brigada de Infantería de Montaña y tiene pendiente un juicio oral por privaciones abusivas de la libertad y torturas cometidas entre 1976 y 1978 contra tres víctimas. Actualmente se encuentra impune por razones de salud.

Con este tipo de determinaciones, el Gobierno Nacional ratifica su total desprecio por los derechos humanos, insultando una vez más a los valores democráticos construidos a lo largo de décadas por la sociedad argentina.

No es fruto de la casualidad que el entonces Ministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, Darío Lopérfido, haya asegurado que en la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos y que se “arregló ese número en una mesa cerrada”; tampoco que el actual Director General de Aduanas, Juan José Gómez Centurión, haya afirmado recientemente que “no existió un plan sistemático, genocida” durante la última dictadura militar; ni mucho menos que el Presidente Macri haya intentado declarar movible el feriado del 24 de marzo.

Entre otros dislates, es preciso recordar que, cuando era Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, más precisamente durante el año 2014, Macri habló del “curro en derechos humanos”; así como también, ya siendo Presidente, dijo muy suelto de cuerpo: “no sé si fueron 9 o 30 mil los desaparecidos, no tiene sentido la discusión”, evidenciando liviandad y absoluta falta de interés en continuar con una política de Estado construida progresivamente -con mucho esfuerzo- y comenzada el 15 de diciembre de 1983, cuando Raúl Alfonsín firmó el Decreto 187/83, por el cual propiciaba la constitución de una Comisión Nacional que tendría como objeto esclarecer los hechos relacionados  con la desaparición de personas ocurridas durante la dictadura, dándole nacimiento de este modo a la CONADEP.

Frente a estos persistentes embates negacionistas por parte de funcionarios del PRO, debería leer la nota publicada por Hugo Alconada Mon en el diario “La Nación” el 24 de marzo de 2006, tal como se lo recomendara el ex gobernador Jorge Busti al Presidente Macri en su momento; allí se revela que archivos desclasificados entregados por Estados Unidos a organismos de Derechos Humanos y periodistas argentinos, hablan de un total de 22 mil personas asesinadas y desaparecidas hasta el año 1978, cuando todavía restaban cinco años para el retorno de la democracia.

 Asimismo es importante remarcar que, en pleno siglo XXI, los derechos humanos también incluyen la preservación del medio ambiente, la erradicación de la pobreza y la protección a los más desfavorecidos y vulnerables, como los niños, las personas con capacidades diferentes, los adultos mayores, los pueblos indígenas y las minorías en general.

 La lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia es un concepto que no puede ni debe tener banderías políticas; por el contrario, los Derechos Humanos deben constituirse en un compromiso nacional, racional y permanente, que atraviese gestiones y partidos de diferentes matices. Por eso, como argentino, duele profundamente este retroceso que estamos experimentando en materia de conquista, ampliación y consolidación de una política de Estado como son los Derechos Humanos.

 

* Dr. Daniel Cedro

Concejal de Concordia

UNA – Frente Renovador- FEF






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